En un nuevo capítulo de los escándalos que salpican al Gobierno nacional, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, implicó a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en las irregularidades relacionadas con la compra de carrotanques para distribuir agua en La Guajira. Ortiz aseguró que Sarabia estaba al tanto de las anomalías y denunció un supuesto complot en su contra.

Durante una audiencia ante la juez Tercera de Garantías, Ortiz afirmó que había advertido reiteradamente sobre irregularidades en la adquisición de los carrotanques, mencionando que alertó mensualmente a Sarabia sobre el caso. Según Ortiz, no solo se trataba de 30 carrotanques denunciados inicialmente, sino de al menos 10 adicionales.

“Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Avisé a Laura Sarabia sobre estas irregularidades, pero hoy quienes realmente estaban implicados no responden ante la justicia. Este era un negocio de ellos y terceros”, declaró Ortiz.

Además, la exfuncionaria señaló que fue víctima de un complot orquestado por una persona con estrecha relación con el presidente Gustavo Petro. Ortiz insinuó que Sarabia habría utilizado su influencia para manipular procesos judiciales en su contra, lo que la llevó a temer por su seguridad y la de su familia.

“Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente. Armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Conozco cómo se maneja todo en la Presidencia, y sé que se habla con la Fiscalía, la Procuraduría y otras cabezas poderosas”, añadió Ortiz.

Corrupción en la UNGRD: una red de impunidad

En su intervención, Ortiz reconoció que en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hubo corrupción, pero subrayó que los verdaderos responsables siguen en libertad y sin ser investigados. La exconsejera solicitó a la juez que le permita defenderse en libertad, argumentando que teme por su vida tras un atentado en su contra que, según ella, la Fiscalía no ha investigado.

Este caso suma un nuevo golpe al gobierno de Gustavo Petro, ya criticado por los cuestionamientos éticos a varios de sus funcionarios. La ciudadanía exige respuestas claras y sanciones efectivas, mientras la confianza en las instituciones se ve cada vez más debilitada.