En una determinación sin precedentes en el municipio, el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Busch, anunció el fin del contrato de concesión con la empresa de aseo Urbaser, argumentando reiteradas fallas en la prestación del servicio y tarifas excesivas que afectan a los ciudadanos.
La decisión fue expuesta en una sesión ordinaria del Concejo Municipal, en la que participaron representantes de Urbaser, veedores ciudadanos y miembros de la comunidad. Durante el debate, la administración municipal presentó los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos que sustentan la terminación de la concesión.
«Es inaudito que paguemos unas tarifas tan altas. Como alcalde también siento lo que pagan los montenegrinos. Queremos una empresa que realmente sirva a la comunidad, no solo que cobre por prestar un servicio. Hasta ahora, hemos pagado sin recibir una compensación justa», afirmó el mandatario.
Pava Busch también cuestionó la estructura de la empresa mixta creada para la gestión del servicio de aseo, en la que el municipio tiene solo el 20% de participación frente al 80% del sector privado, un modelo que, según él, no ha generado beneficios tangibles para la población.
«Es la primera empresa mixta que veo en Colombia donde el municipio solo tiene el 20% y el privado el 80%, cuando lo justo sería que el municipio tuviera al menos el 51%. A 20 años de concluir la concesión, las ganancias han sido pocas y los ciudadanos los más afectados», expresó el alcalde.
Con esta determinación, la administración municipal busca recuperar la autonomía en la prestación de los servicios públicos, garantizando que sean administrados en beneficio de la comunidad y no bajo esquemas que privilegien únicamente el lucro privado.
«Los servicios públicos no pueden convertirse en monopolios que solo benefician a unos pocos. Hoy, más que nunca, debemos ser conscientes de que los servicios de los montenegrinos deben volver a su naturaleza: ser administrados por el municipio y estar al servicio de la gente», concluyó el alcalde.
La decisión marca un punto de inflexión en la gestión de los servicios públicos en Montenegro y abre el camino para la implementación de un nuevo modelo que garantice eficiencia, equidad y tarifas justas para los ciudadanos.



