El proyecto de residencias universitarias anunciado por el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, como una de las principales apuestas de su Plan de Desarrollo para beneficiar a los estudiantes de la cordillera, ha quedado suspendido debido a condiciones impuestas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que generan una alta incertidumbre jurídica, técnica y social.

A pesar de que el año pasado el proyecto fue presentado como un hecho, incluso con la presencia del ministro de Educación en Armenia, la iniciativa enfrentó un revés esta semana cuando la SAE aclaró que el edificio cedido —procedente de una extinción de dominio— aún se encuentra en proceso jurídico, lo cual impide que se garantice su uso a largo plazo.

Según explicó la Gobernación en un comunicado, el contrato de comodato propuesto por la SAE incluye una cláusula inmodificable: si el propietario original del inmueble gana el proceso legal, el edificio debe ser devuelto en un plazo de cinco días, sin posibilidad de reclamación por las inversiones realizadas. Esta condición, calificada como riesgosa por la administración departamental, impide avanzar con el proyecto, pues no se pueden comprometer recursos públicos sin garantías mínimas de estabilidad.

“La condición impuesta contraviene el principio de estabilidad de la inversión pública y expone a las entidades involucradas a un posible detrimento patrimonial”, señala el documento oficial.

Tanto la Gobernación como la Universidad del Quindío lamentaron que, a más de siete meses del anuncio oficial de cesión del edificio Asturias, la promesa del Gobierno nacional no se haya concretado. Mientras tanto, decenas de estudiantes que esperaban una solución habitacional para continuar sus estudios siguen a la espera.

Ambas entidades reafirmaron su voluntad de seguir trabajando por el proyecto, siempre que la SAE reconsidere las condiciones que hoy lo tienen paralizado.