El decreto que reglamenta la Ley de Paridad de Género de 2024, sancionada por el presidente Gustavo Petro, fue demandado por organizaciones feministas que advierten un “mico” en su redacción.

Aunque la norma busca aumentar la participación de mujeres en cargos públicos del 30 % al 50 %, las demandantes señalan que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) diseñó la cuota de manera global para altos cargos y otros niveles, en lugar de exigirla en cada cargo específico.

Esto, afirman, permitiría que los ministerios sigan siendo ocupados por hombres, mientras la presencia femenina se concentre en puestos de menor jerarquía. Un enfoque que, según recuerdan, va en contra del precedente de la Corte Constitucional, que en la Ley 581 de 2000 estableció que la cuota debe ser específica y no acumulada.

El decreto estuvo abierto a consulta ciudadana por 15 días, pero solo recibió una observación formal, presentada por Sandra Camargo, quien propuso incluir también los cargos temporales, propuesta rechazada por el Gobierno.

Las demandantes advierten que, de no corregirse, la medida corre el riesgo de convertirse en una paridad de papel, sin cambios reales en los espacios de poder decisorio.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara que figura entre las demandantes, calificó el decreto como “un caballo de Troya para las mujeres” y explicó: “La Ley es clara en que en los cargos de máximo nivel divisorio deben ser ocupados al menos por 50 por ciento de mujeres. Sin embargo, el Gobierno hace una interpretación errada al querer equiparar a los y las ministras con otros cargos directivos de entidades públicas”.