El expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció de manera voluntaria al beneficio de la prescripción en el proceso en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, con lo cual busca que el Tribunal Superior de Bogotá profiera un fallo de fondo sobre la apelación presentada contra la condena de primera instancia.

Según la carta dirigida al despacho del magistrado ponente Manuel Antonio Merchán, Uribe —condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria— afirmó que no pretende acogerse a la vía corta que le otorgaría la prescripción y pidió que la Sala resuelva la apelación “tras un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”.

La decisión del expresidente tiene particular relevancia procesal porque la fecha límite para que los magistrados resolvieran la apelación vencía el 16 de octubre; al renunciar a la prescripción la acción penal deja de extinguirse en ese lapso y el término vuelve a correr por un nuevo periodo.

En la misiva Uribe aseguró que, pese a considerar la condena “equivocada e injusta”, no puede optar por el atajo de la prescripción y que debe primar “el camino de la verdad”. También solicitó a los magistrados que la decisión se adopte conforme a lo probado en juicio y a lo que sea justo en derecho.

Juristas consultados por medios recuerdan que la legislación colombiana permite renunciar a la prescripción en una sola ocasión y que, como consecuencia, el término se reanuda por dos años más a partir de esa renuncia, siempre que la renuncia sea directa y voluntaria por parte del procesado.

Con esta estrategia procesal, la defensa de Uribe reafirma su intención de que la Sala de segunda instancia decida el caso sobre el fondo y no por caducidad del proceso, mientras el tribunal tendrá ahora la responsabilidad de estudiar las pruebas, los alegatos de conclusión y las impugnaciones presentadas contra el fallo de primera instancia.

La determinación del Tribunal Superior de Bogotá y el posible pronunciamiento sobre la apelación serán seguidos de cerca por la opinión pública y por actores políticos, dado el perfil del procesado y las implicaciones institucionales del caso.