El Consorcio Edificaciones 15, contratista de la construcción del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Quindío, emitió un comunicado a la opinión pública en el que rechaza las recientes declaraciones del secretario de Salud Departamental, Carlos Alberto Gómez Chacón, quien aseguró que la obra está paralizada por dificultades operativas del contratista.

Según el consorcio, la suspensión de los trabajos no se debe a incumplimientos de su parte, sino a deficiencias en los diseños entregados por la entidad en 2019, los cuales calificó como desactualizados e incompletos. Estas falencias fueron advertidas desde diciembre de 2023 y solo reconocidas oficialmente en diciembre de 2024, cuando se ordenó suspender la obra a escasos 45 días del vencimiento contractual.

El comunicado explica que las suspensiones decretadas en 2025 se originaron en la necesidad de rediseñar redes hidrosanitarias, sistemas de iluminación, red de gases especiales, elementos estructurales y planos arquitectónicos, así como por la falta de expedición de actas modificatorias para incluir cerca de 300 ítems no previstos. Esta situación mantiene represado el pago de más de $3.500 millones en obras ejecutadas desde enero de 2024.

El Consorcio aseguró que, con el reconocimiento de las obras pendientes, el avance físico real superará el 50%, aclarando que un 40% del valor contractual corresponde a equipos especializados ya en obra, que solo se contabilizarán al momento de su instalación.

Frente a los señalamientos, Edificaciones 15 reiteró que ha mantenido una trazabilidad documental completa, mediante oficios radicados en la Gobernación y la Secretaría de Aguas e Infraestructura, advirtiendo sobre la urgencia de expedir actas modificatorias, reconocer obras ejecutadas y garantizar prórroga y recursos adicionales para culminar el proyecto.

Finalmente, el consorcio anunció que iniciará acciones legales para proteger su buen nombre. En primera instancia presentará un derecho de petición solicitando rectificación formal de las declaraciones oficiales, y, de no obtener respuesta satisfactoria, acudirá a una acción de tutela, sin descartar otros mecanismos judiciales para la reparación de perjuicios.