Una queja disciplinaria fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación contra el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, por presuntas irregularidades asociadas a las caravanas navideñas promovidas por la Gobernación en varios municipios del departamento, entre ellos Armenia, Quimbaya, Circasia y Calarcá.

La denuncia fue presentada por la Veeduría Cívica de Armenia y el Quindío, a través de su presidente, Luis Alberto Vargas Ballén, quien calificó las actividades como desordenadas y carentes de planeación, señalando posibles riesgos para la seguridad ciudadana y el desconocimiento de la autoridad local.

Según el documento, las caravanas se habrían realizado sin contar con los permisos correspondientes de las autoridades municipales y de tránsito, lo que, a juicio del denunciante, podría constituir faltas disciplinarias graves conforme a la Ley 1952 de 2019. La queja también advierte sobre el uso de maquinaria pesada adaptada como carrozas sin la debida autorización y la ausencia de planes de gestión del riesgo.

La Veeduría sostiene que estas actividades expusieron a la población, especialmente a niños y niñas, a situaciones de peligro. Como antecedente, se menciona un incidente ocurrido en Circasia, donde un menor habría resultado lesionado al intentar alcanzar un obsequio entregado durante una de las caravanas, hecho que fue denunciado públicamente por el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos.

En la queja se enfatiza que la organización ciudadana no se opone a las celebraciones navideñas ni a la entrega de regalos, pero sí cuestiona la improvisación y el presunto uso de estos eventos sin el cumplimiento de las normas, ni el respeto por la autonomía de los alcaldes y el orden institucional.

Adicionalmente, la denuncia plantea que mientras se desarrollaban estos eventos, el departamento enfrentaba emergencias sociales y humanitarias, como incendios en asentamientos vulnerables de Armenia y Calarcá, los cuales, según la Veeduría, no habrían recibido atención prioritaria.

Entre las solicitudes elevadas ante la Procuraduría se encuentra la suspensión provisional del gobernador mientras avanzan las investigaciones, la realización de un dictamen por parte de Medicina Legal sobre su capacidad para ejercer el cargo y la apertura de una indagación por un presunto uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas.

Frente a las críticas, el gobierno departamental ha manifestado que las caravanas buscan garantizar el derecho de los niños a recibir regalos en Navidad. No obstante, según la Veeduría, en los pronunciamientos oficiales no se ha aclarado el trámite de permisos ni la coordinación con las autoridades municipales para prevenir afectaciones a la movilidad y a la seguridad ciudadana.