Editorial

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) ha actuado con diligencia frente a la contingencia generada por la nulidad del encargo anterior de su director general. Tras la decisión del Consejo de Estado, la entidad convocó de inmediato una sesión extraordinaria del Consejo Directivo, cumpliendo con su deber de garantizar la continuidad administrativa y proteger sus funciones misionales. El nombramiento de Juan Esteban Cortés Orozco, respaldado por la mayoría de los miembros del Consejo, demuestra que la CRQ actuó dentro de la normativa y con claridad institucional.

Sin embargo, la falta de firma por parte de la presidencia del Consejo Directivo —delegada de la Gobernación del Quindío— mantiene bloqueada la formalización del encargo. Esta demora injustificada no es responsabilidad de la Corporación, sino de quien detenta el acto administrativo que permitiría que la decisión mayoritaria del Consejo tenga efectos jurídicos. El resultado es un limbo que genera incertidumbre, retrasa la ejecución de procesos y pone en riesgo la gestión ambiental del departamento.

La protección del medio ambiente no puede depender de retrasos administrativos. Es urgente que la presidencia del Consejo Directivo actúe con prontitud para destrabar esta situación. La CRQ ha demostrado su compromiso con la legalidad y la eficiencia; ahora corresponde que quienes tienen la responsabilidad de formalizar decisiones clave cumplan con su rol y eviten que el Quindío pierda tiempo valioso en la conservación de sus recursos naturales.