La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) sigue a la espera de la formalización del Acuerdo 001 del 5 de febrero de 2026, que oficializa la designación del Director General Encargado, pese a que la decisión fue adoptada por mayoría en sesión extraordinaria del Consejo Directivo y a que la Procuraduría General de la Nación ha solicitado al gobernador Juan Miguel Galvis proceder con la firma del documento que ratifica a Juan Esteban Cortés Orozco como representante de la autoridad ambiental del departamento.

CRQ cumple con sus responsabilidades

El Consejo Directivo sesionó de manera extraordinaria el 5 de febrero, tras una decisión judicial del Consejo de Estado, y designó al Director General Encargado conforme a los estatutos. Ese mismo día, la Secretaría del Consejo entregó el proyecto de Acuerdo en físico y digital para su revisión y firma.

Según la Secretaría, no se presentaron observaciones técnicas formales que impidieran la suscripción del acto administrativo, ni se solicitó información adicional para su ajuste. Aun así, hasta este viernes 13 de febrero, el documento no había sido remitido firmado, situación que ha generado retrasos en pagos, nómina, cesantías, contratos y otros trámites misionales, pese a que la CRQ ha cumplido con todos los procedimientos internos.

Desde la Gobernación del Quindío, la delegada Isabel Cristina Lezama ha señalado públicamente supuestas inconsistencias en el Acuerdo. Sin embargo, la cronología administrativa indica que el texto fue revisado y que los ajustes anunciados no fueron formalmente radicados. La Secretaría Jurídica de la CRQ ha enfatizado que el Acuerdo tiene como función formalizar la decisión del órgano colegiado, no transcribir deliberaciones individuales, las cuales corresponden al acta. La elección, recalcan, fue válida y mayoritaria.

Procuraduría pide actuar “lo más pronto posible”

El 12 de febrero, la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia solicitó formalmente al Gobernador, como Presidente del Consejo Directivo, proceder con la firma del Acuerdo 001 de 2026, advirtiendo que la falta de formalización podría generar contingencias que afecten la operatividad de la CRQ.

Entre los trámites pendientes que dependen de la firma del Director General Encargado se incluyen:

• Liquidación y aprobación de vacaciones del personal.
• Procesamiento de nómina y pagos de seguridad social.
• Trámites y pagos de viáticos para operaciones misionales.
• Apoyos educativos y matrículas universitarias de funcionarios.
• Autorización de incentivos no pecuniarios y actos administrativos.
• Trámites contractuales para cumplimiento de órdenes judiciales ambientales.

Según la Procuraduría, prolongar la falta de formalización constituye una vulneración a la toma de decisiones del Consejo Directivo y puede derivar en inseguridad jurídica y disfuncionalidad institucional.

Interpuesta tutela contra la Gobernación y el Consejo Directivo

Adicionalmente, el Juzgado Noveno Municipal Oral de Armenia admitió la tutela interpuesta por Diana Lucía Castrillón Martínez, en representación del Sindicato Sintrambiente – Subdirectiva Armenia, en contra del Consejo Directivo de la CRQ y del Gobernador del Quindío, por presunta vulneración de los derechos al trabajo, mínimo vital, seguridad social, educación y debido proceso.

La tutela solicita que se vincule al Director General Encargado y al personal y contratistas de la CRQ como parte pasiva, para que se pronuncien sobre los hechos alegados, y dispone la publicación del auto en las instalaciones y página web de la CRQ, como parte del trámite de notificación. La medida provisional fue negada, dado que se requiere del debido proceso y del contraditorio para emitir decisión de fondo.

Aunque los retrasos afectan algunos procesos administrativos, la CRQ ha mantenido sus programas ambientales activos, demostrando que la parálisis no es imputable a la entidad, sino al retraso en la formalización del acto por parte de la Gobernación. Funcionarios y contratistas han manifestado preocupación por la incertidumbre administrativa, y sindicatos como Sintrambiente han solicitado la firma del Acuerdo, enfatizando la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de la institución.

La CRQ sostiene que la figura de encargo automático prevista en los estatutos es transitoria y cesa cuando el Consejo Directivo adopta una designación, como ocurrió el 5 de febrero. Prolongar esa figura sin formalización del acto genera inseguridad jurídica y afecta la gobernabilidad interna de la entidad.

La discusión ya no es únicamente jurídica: es administrativa y funcional. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿por qué una decisión adoptada por mayoría del Consejo Directivo aún no se formaliza, pese a la solicitud expresa del Ministerio Público y a las advertencias sobre afectación operativa?

Mientras se resuelve el trámite y avanza la tutela, la autoridad ambiental del Quindío continúa operando bajo un escenario de incertidumbre que impacta directamente su gestión y a quienes dependen de ella.