Este lunes 24 de febrero se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, manipulación de testigos y fraude procesal. El proceso judicial se destrabó luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara la tutela presentada por la defensa del exmandatario, en la que pedían apartar del caso a la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, por supuesta falta de imparcialidad y violación al debido proceso.

El Tribunal determinó que las actuaciones de la jueza no constituyen una vulneración a los derechos del acusado, por lo que ordenó continuar con las audiencias de juicio.

El senador Iván Cepeda, quien figura como víctima dentro del caso, fue el primer testigo llamado a declarar por la Fiscalía. Durante su intervención, Cepeda narró varios episodios con los que busca sustentar la tesis de la Fiscalía, según la cual Uribe habría ordenado sobornar a testigos en cárceles para que declararan en contra del congresista.

Uno de los episodios más relevantes mencionados por Cepeda fue una reunión en 2009 con el exparamilitar Salvatore Mancuso en Estados Unidos, en la que, según su testimonio, el exjefe de las AUC afirmó que había sido extraditado debido a la información que estaba dispuesto a revelar sobre presuntos vínculos entre grupos paramilitares y figuras políticas, militares y hacendados en Colombia.

«Mancuso mencionó dos encuentros que tuvo con el entonces presidente Álvaro Uribe», aseguró Cepeda, antes de ser interrumpido por la defensa de Uribe, que presentó una objeción.

Durante su testimonio, Iván Cepeda también denunció que ha sido objeto de una campaña de desprestigio promovida, según él, por el expresidente Uribe y su círculo cercano, lo que ha derivado en amenazas de muerte en su contra.

«Cuando a uno se le llama insistentemente ‘senador de las Farc’ o ‘actor del terrorismo’, se eleva significativamente el nivel de riesgo. Ha habido amenazas de muerte que han sido denunciadas en Colombia y ante el sistema interamericano de derechos humanos. No solo han sido palabras y propaganda en mi contra, sino también planes para asesinarme», afirmó el congresista.

Cepeda también aseguró que Uribe y sus hijos han contratado empresas extranjeras de publicidad para difamarlo internacionalmente.

«El señor Álvaro Uribe, a través de sus hijos, ha contratado firmas internacionales para promover campañas de desprestigio en mi contra, incluso en Estados Unidos. Ha buscado que congresistas estadounidenses se pronuncien con base en una narrativa que busca deslegitimarme», declaró.

La diligencia judicial fue suspendida a las 6:15 p.m. y se retomará el próximo miércoles 26 de febrero, cuando se dará inicio al contrainterrogatorio de Cepeda por parte de la defensa de Uribe.

El juicio, que ha sido calificado como uno de los más importantes en la historia reciente del país, continúa generando fuertes repercusiones políticas y jurídicas. Mientras Uribe insiste en su inocencia y denuncia una persecución judicial, Cepeda y la Fiscalía sostienen que existen pruebas contundentes que lo vinculan con los hechos investigados.