La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, como Ministerio Público, emitieron una alerta sobre la grave emergencia que enfrenta la población privada de la libertad (PPL) en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío. Esta acción se basa en mandatos legales y constitucionales, incluyendo directrices de la Corte Constitucional que ha declarado reiteradamente un estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria (Sentencias T-388/13, T-762/15, SU-122/22).
La Defensoría y la Procuraduría realizan seguimiento a las condiciones de reclusión para asegurar el respeto a los derechos humanos, enfocándose en los mínimos constitucionales asegurables, especialmente el derecho a la salud, de las más de 200 personas privadas de la libertad que, a 31 de diciembre de 2024, permanecían en centros transitorios (estaciones de policía y URI) del departamento.
El Ministerio Público ha verificado «in situ» que, a la fecha, las condiciones mínimas esenciales para garantizar este derecho fundamental brillan por su ausencia en el ERON (Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional) Peñas Blancas, donde la falta de personal médico y asistencial necesario e idóneo es crítica; desde mediados de marzo, no hay médico contratado para atender las diversas enfermedades de los internos.
Esta carencia ha generado múltiples retrasos y un represamiento de procedimientos médicos urgentes, afectando gravemente a una población que, por su condición, es sujeto de especial protección constitucional. La situación ha llevado a los internos a un estado de indisposición y riesgo, manifestando incluso ánimo de realizar huelgas y/o amotinamientos. La falta de continuidad en la atención médica es particularmente preocupante, pues vulnera el núcleo esencial del derecho a la salud.
Sumado a la crisis sanitaria, el EPC Calarcá Quindío presenta un nivel de hacinamiento grave, albergando 1194 PPL con una capacidad para solo 950. Este sobrecupo exacerba las demás problemáticas, incluyendo problemas de salubridad y falta de provisión de agua potable. El Patio 5A, donde se concentra población vulnerable como adultos mayores, población LGBTIQ+ e internos con enfermedades de alto costo, no dispone de agua potable, obligando a los PPL a extraerla de un pozo antiguo.
Se han identificado PPL con condiciones como VIH (17 casos), Cáncer (1), Diabetes (11), Hipertensión (55), Tuberculosis (8), Infección respiratoria aguda (26), y Epilepsia (2), entre otras.
