La Defensoría del Pueblo aplaude el fallo favorable del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de garantías de Armenia, emitido el 7 de julio de 2025, el cual tuteló el derecho fundamental a la vivienda digna de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Emberá Katío, asentadas en el barrio Miraflores de la capital quindiana. Esta decisión histórica es resultado de una acción de tutela impulsada por la Defensoría, que reafirma nuestro compromiso con la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables del país.
La acción constitucional se originó tras las verificaciones humanitarias realizadas por la Defensoría del Pueblo en abril pasado, donde se constató la precaria situación de aproximadamente 40 familias indígenas. Sus hogares fueron severamente afectados por la ola invernal, impactando a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
El fallo judicial ordena a la Alcaldía de Armenia y a la Gobernación del Quindío ofrecer a las comunidades afectadas, en un plazo de 15 días tras la notificación de la sentencia, un albergue temporal u otra solución de vivienda con enfoque étnico. Esta solución debe garantizar condiciones aceptables de habitabilidad y contar con servicios esenciales como agua, energía y baterías sanitarias, mientras se gestiona una solución definitiva ante la Agencia Nacional de Tierras.
Asimismo, la sentencia insta a las secretarías de salud de las entidades territoriales a realizar brigadas de salud para una atención integral. De igual forma, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberán brindar acompañamiento psicosocial y adelantar el Registro Único de Damnificados (RUD) para facilitar las ayudas humanitarias a la población vulnerable, incluyendo mujeres gestantes y personas de la tercera edad.
La Personería Municipal de Armenia y la Procuraduría Regional del Quindío fueron designadas para vigilar y acompañar el cumplimiento de este fallo. La Defensoría del Pueblo, por su parte, continuará con el seguimiento riguroso para asegurar la efectiva materialización de las órdenes judiciales y, de esta manera, seguir garantizando los derechos de todas las personas en el departamento.
