En el marco de un debate adelantado por los concejales Jonatan Rojo Zuluaga, John Edison Echavarría Barreto y Germán Darío Grisales Rodríguez, se retomó el caso de constructoras que, desde hace años, vienen incumpliendo con diversos proyectos de vivienda en la ciudad, dejando a miles de familias sin solución a su situación habitacional. 

Desde la Defensoría del Pueblo, el delegado Gustavo Alberto Nieto Londoño señaló que, tras revisar las denuncias, “los contratos jurídicamente no cumplen con lo necesario para hacerlos exigibles”. Añadió que es responsabilidad de la administración municipal ejercer seguimiento, ya que persisten las quejas por parte de prominentes compradores que no reciben información clara por parte de las constructoras. El funcionario recalcó la importancia de brindar a los afectados información precisa sobre el estado de las liquidaciones, e hizo un llamado a que los contratos sean claros, explícitos y exigibles, con fechas de entrega definidas. 

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, el delegado Luis Carlos Serna Giraldo informó que en los últimos meses se han logrado cerca de siete acuerdos directos con constructoras no intervenidas que mantienen procesos comerciales activos. Invitó a la ciudadanía a interponer las denuncias pertinentes. 

El concejal Jonatan Rojo Zuluaga propuso al subdirector del Departamento Administrativo de Planeación la conformación de un Comité Municipal de Vivienda que integre representantes de la sociedad civil, entidades públicas, el Ministerio Público y otras autoridades. “El comité debe contar con una secretaría técnica y una metodología clara de trabajo que permita abordar de manera eficiente temas como los compradores prominentes y los potenciales inversionistas en proyectos de vivienda”, señaló. 

Durante el debate, Harrison Santamaría, gerente de la Empresa de Vivienda Fomvivienda, anunció que frente al proyecto Parque Residencial del Café se dará inicio al proceso de escrituración de 128 parqueaderos, con fecha límite hasta el 25 de diciembre, y se buscará una solución conforme a la ley, incluso mediante un posible proceso de intervención. 

A su turno, el concejal Luis Fernando Lasprilla solicitó mediante derecho de petición un informe detallado sobre los procesos de contratación de interventores, sus honorarios y el seguimiento que ejerce la administración. También pidió analizar el riesgo de detrimento patrimonial y económico que podrían enfrentar los ciudadanos afectados, y exigió que se exploren todos los mecanismos posibles para solucionar los casos. 

La concejala Stefanny Castellanos Muñoz y el concejal José Ignacio Rojas Sepúlveda coincidieron en la necesidad de fortalecer la política pública de vivienda y revisar a fondo todos los elementos que intervienen en el desarrollo urbano. 

El presidente de la corporación, John Edison Echavarría Barreto, se sumó al pronunciamiento de los demás concejales, exigiendo celeridad en la solución de esta grave problemática. Manifestó además su descontento por la ausencia de los directores de las dependencias citadas, así como también por algunos interventores que tienen a cargo las sociedades y constructoras en proceso de seguimiento por parte de la administración municipal, entre otros. 

Finalmente, el concejal Germán Darío Grisales Rodríguez enfatizó en la urgencia de una articulación efectiva entre entidades públicas y destacó que, a través del comité propuesto, se le debe imprimir dinamismo a esta problemática para encontrar soluciones reales en favor de las comunidades.