El Complejo Acuático de Armenia, obra recientemente inaugurada de forma simbólica por la Gobernación del Quindío, arrastra una deuda que no puede ser ignorada: más de 95 millones de pesos en consumo de energía que no han sido pagados por la administración departamental.

Mientras se celebran actos protocolarios y se insiste públicamente en que la Alcaldía reciba una obra que aún no cuenta con el soporte legal ni técnico requerido, se omite un detalle fundamental: la obra ya está generando gastos que nadie quiere asumir, y que amenazan con convertirse en una carga directa para las finanzas del municipio.

¿Cómo exigirle a la Alcaldía que reciba un escenario sin resolver siquiera las obligaciones básicas de sostenimiento? ¿Cómo trasladar la administración de un bien público sin saldar antes sus cuentas pendientes?

El silencio frente a esta deuda es más elocuente que cualquier discurso inaugural. Una obra no se entrega con aplausos ni con llaves simbólicas, se entrega con legalidad, responsabilidad y cuentas claras.

Si el Gobierno Departamental no puede sostenerla, no puede entregarla. Y si no paga la luz, mucho menos puede exigir que alguien más la prenda.