Ante una solicitud de revocatoria de inscripción presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la candidatura a la Cámara de Representantes de Juan Camilo Cárdenas Luna, el equipo jurídico del aspirante confirmó que ya fue radicada la defensa correspondiente, en la que se sostiene que los cargos carecen de sustento legal.

De acuerdo con un comunicado divulgado a la opinión pública, la solicitud fue interpuesta por el ciudadano Jesús Antonio Obando Roa, quien argumenta, en términos generales, una presunta concurrencia de periodos tras la renuncia de Cárdenas a su curul en la Asamblea Departamental del Quindío, así como una supuesta doble militancia política.

Sin embargo, la defensa del exdiputado aclaró que la renuncia a la Asamblea no se produjo durante sesiones ordinarias ni extraordinarias, sino en un período de receso de la plenaria, situación que —según se indicó— está debidamente certificada por la Secretaría General de la corporación y fue aportada como prueba dentro del proceso administrativo electoral.

El comunicado también señala que dicha renuncia fue tramitada y aceptada formalmente por la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental en sesión del 6 de diciembre de 2025, y protocolizada mediante la Resolución 075 de 2025, conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 2200 de 2022. En ese sentido, la defensa sostiene que no existió concurrencia de periodos al momento de la inscripción de la candidatura ante el CNE.

Frente al señalamiento de doble militancia, el equipo jurídico precisó que Juan Camilo Cárdenas adelanta su aspiración en representación del Partido Conservador Colombiano, colectividad en la que ha militado desde el inicio de su carrera política, por lo que —según el comunicado— no se configura la prohibición contemplada en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

Finalmente, la defensa manifestó su respeto por las acciones ciudadanas y por la institucionalidad, recordando que la admisión de una solicitud por parte del CNE no constituye una decisión de fondo, y expresó su confianza en que la autoridad electoral resolverá el caso conforme a derecho.

La decisión definitiva sobre la solicitud de revocatoria está ahora en manos del Consejo Nacional Electoral.