Pese a que la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) activó de manera inmediata todos los mecanismos institucionales para garantizar la continuidad administrativa de la entidad, la falta de firma por parte de la presidencia del Consejo Directivo —delegada de la Gobernación del Quindío— mantiene bloqueada la formalización del encargo del director general, generando incertidumbre y riesgo de parálisis en la gestión ambiental del departamento.

Tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del anterior encargo, y teniendo en cuenta que el nominador del director de una Corporación Autónoma Regional es el Consejo Directivo, la CRQ convocó de forma inmediata una sesión extraordinaria, realizada el jueves 5 de febrero de 2026, con un único objetivo: evitar un vacío de poder y asegurar la continuidad de las funciones misionales de la entidad.

En dicha sesión, el Consejo Directivo, actuando conforme a la normatividad vigente, designó como director general encargado a Juan Esteban Cortés Orozco, con diez (10) votos favorables, frente a tres (3) abstenciones, entre ellas la de la delegada del Gobernador del Quindío, quien además ejerce la presidencia del Consejo Directivo.

Como resultado de esta decisión mayoritaria, el Consejo Directivo expidió el acuerdo que formaliza el encargo. Sin embargo, a la fecha este acto administrativo no ha sido suscrito por la presidencia del Consejo Directivo, trámite indispensable para que la decisión adoptada por el máximo órgano de dirección de la CRQ tenga plenos efectos jurídicos.

La demora injustificada en la firma del acuerdo mantiene a la Corporación en una situación de indefinición administrativa que no obedece a fallas internas de la CRQ, sino a la falta de actuación de quien hoy tiene en sus manos la formalización del encargo, situación que afecta la toma de decisiones, la ejecución de procesos y la gestión ambiental del Quindío.

La CRQ ha reiterado su respeto por los procedimientos institucionales y su disposición a que este proceso se surta conforme a la ley. No obstante, la responsabilidad de destrabar este escenario recae exclusivamente en la presidencia del Consejo Directivo, cuya inacción prolonga un limbo administrativo innecesario para una entidad clave en la protección ambiental del departamento.