La Procuraduría General de la Nación solicitó a la gerente del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, Diana Carolina Castaño Londoño, considerar la suspensión del proceso de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada, debido a presuntas irregularidades en el proceso contractual.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío envió una comunicación señalando preocupaciones respecto al análisis del valor estimado del contrato, que supera los $1.000 millones. Según el ente de control, la tarifa de referencia presenta debilidades, ya que solo se obtuvo respuesta de una de las cuatro empresas a las que se solicitó cotización, lo que impide establecer una comparación adecuada de precios de mercado.

Además, se destacó que los valores estimados se basaron en datos suministrados por una empresa interesada en participar en el proceso, lo que genera dudas sobre la transparencia y objetividad de la contratación.

Ante estos hallazgos, la Procuraduría advirtió que existen condiciones que podrían vulnerar el principio de selección objetiva y solicitó ajustes que garanticen el interés público, asegurando que los recursos no sean direccionados a un oferente en particular. La entidad reiteró la importancia de que el proceso se lleve a cabo con total transparencia y conforme a los preceptos legales vigentes.