Tras conocerse la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Quimbaya, que impuso una sanción de dos días de arresto contra el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela, la administración departamental se pronunció formalmente para precisar el estado jurídico de la medida.

A través de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del departamento, la administración aclaró que, si bien la notificación del juzgado se surtió el pasado miércoles 22 de julio, el dictamen judicial no ha cobrado firmeza legal. Isabel Cristina Lezama Velásquez, titular de dicha cartera, explicó que el equipo jurídico se encuentra adelantando los trámites y recursos previstos por la ley para la revisión de la providencia.

El incidente de desacato se originó por el supuesto incumplimiento a la solicitud de rectificación de información y respuesta a un derecho de petición en el marco de la acción constitucional. Sin embargo, desde la Gobernación manifestaron que se presentarán los argumentos técnicos y probatorios requeridos ante las instancias superiores para la revocatoria o consulta del fallo, garantizando el debido proceso.

Desde el equipo jurídico de la administración señalaron que ya se adelantan las actuaciones procesales y los recursos de ley ante la autoridad judicial competente, con el fin de sustentar el cumplimiento de los requerimientos y solicitar la revocatoria o la consulta del fallo que defina la situación de Galvis Bedoya.