La controversia política que hoy rodea al presidente Gustavo Petro y a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, trasciende las denuncias de presunta corrupción y las acusaciones cruzadas. Hay un aspecto que merece una reflexión aparte: el uso de la salud mental como mecanismo de descalificación pública.
La polémica estalló luego de que Rodríguez hiciera graves denuncias sobre presuntas irregularidades y presiones al interior del Gobierno Nacional. Como respuesta, el presidente Petro publicó en su cuenta de X un documento relacionado con una incapacidad médica de la funcionaria por razones psiquiátricas, la calificó de «gran manipuladora» y pidió que fuera declarada insubsistente por considerar que esa condición demostraba su incompetencia para ejercer el cargo.
Rodríguez respondió que el mandatario no tenía derecho a revelar información protegida por la reserva médica y aseguró que utilizar un diagnóstico de salud mental para desacreditar a una persona constituye un acto de estigmatización y discriminación. Incluso afirmó que el propio ambiente laboral dentro del Gobierno fue determinante en el deterioro de su salud emocional.
Más allá de quién tenga la razón en las denuncias sobre corrupción, contratos o luchas de poder, hay un principio que no debería estar sujeto a la polarización política: la salud mental no puede convertirse en un argumento para desacreditar a nadie.
Resulta preocupante que, desde la más alta investidura del Estado, un diagnóstico médico sea presentado como una prueba de incapacidad moral o profesional. El mensaje que recibe la ciudadanía es peligroso: que padecer ansiedad, depresión u otra condición de salud mental convierte a una persona en menos creíble o menos apta para desempeñar responsabilidades.
Nada más equivocado.
Millones de colombianos conviven con trastornos de salud mental. Muchos reciben tratamiento, cumplen sus funciones laborales, dirigen empresas, educan, investigan, administran instituciones y sirven al Estado. Buscar ayuda profesional no es un motivo de vergüenza; es un acto de responsabilidad.
La Asociación Colombiana de Psiquiatría recordó, a propósito de esta controversia, que los diagnósticos en salud mental hacen parte de la historia clínica, están protegidos por la reserva médica y jamás deben utilizarse para desacreditar públicamente a una persona. Además, advirtió que este tipo de mensajes profundizan el estigma que durante años el sector salud ha intentado combatir.
En una democracia, las denuncias deben responderse con investigaciones, pruebas y argumentos. Si existen hechos de corrupción, deben esclarecerse. Si las acusaciones son falsas, también debe demostrarse. Pero desviar el debate hacia la condición médica de quien denuncia no fortalece la institucionalidad; la debilita.
Desde Quindío24Horas creemos que el debate público exige firmeza, pero también responsabilidad. La salud mental merece respeto, no utilización política. Quien ocupa un cargo público debe responder por sus actuaciones, no por un diagnóstico médico.
Porque cuando la salud mental se convierte en un arma para desacreditar al contradictor, el daño no lo recibe únicamente la persona señalada. Lo reciben también miles de colombianos que, en silencio, luchan cada día contra la ansiedad, la depresión u otras condiciones y necesitan una sociedad que los comprenda, no que los estigmatice.
