Los gobiernos no solo son juzgados por las grandes obras que ejecutan o por las reformas que impulsan. También son recordados por la forma en que administran sus últimos días en el poder. Y es precisamente ahí donde un liderazgo demuestra si entiende que el Estado está por encima de los intereses políticos o si, por el contrario, confunde el ejercicio del poder con la posibilidad de seguir controlándolo todo hasta el último minuto.
Las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en la recta final de su mandato han despertado profundas inquietudes. Más allá de la legalidad de cada actuación, el mensaje político que transmiten resulta preocupante: pareciera que algunos sectores aún no asimilan que el relevo democrático hace parte de la esencia de las instituciones.
La controversia alrededor de la negativa para autorizar la participación de personal militar en actos relacionados con la posesión del nuevo presidente Abelardo de la Espriella ha sido interpretada por distintos sectores como un episodio innecesario de tensión institucional. Las Fuerzas Militares no pertenecen a un gobierno ni a un partido político; pertenecen al Estado colombiano. Su papel debe estar guiado por la Constitución y no por cálculos políticos de última hora.
A ello se suma la polémica generada por la solicitud de declarar insubsistente a una funcionaria que durante años hizo parte del círculo cercano de la administración nacional. Si bien la facultad de nombrar y remover funcionarios existe dentro del marco legal, el momento en que se toman ciertas decisiones inevitablemente abre espacio a interrogantes. ¿Se trata de una decisión estrictamente administrativa o de un mensaje político antes del cambio de gobierno? Esa es una pregunta legítima que merece respuesta.
Cuando las últimas semanas de un mandato están marcadas por controversias administrativas, enfrentamientos institucionales y decisiones que generan suspicacias, el balance final termina alejándose de los debates sobre políticas públicas para concentrarse en la manera como se ejerció el poder hasta el último día.
Un gobierno que llegó prometiendo un cambio profundo, mayor transparencia y una nueva forma de hacer política no debería despedirse dejando la impresión de que las instituciones pueden utilizarse para prolongar disputas políticas o enviar mensajes de confrontación. El legado de una administración no se construye únicamente durante cuatro años; también se define en la forma en que acepta entregar el poder.
La democracia exige algo más que ganar elecciones. Exige saber gobernar y, sobre todo, saber irse. Porque las instituciones permanecen; los gobiernos son transitorios. Quien entiende esa diferencia fortalece la democracia. Quien la desconoce termina debilitando la confianza ciudadana en el Estado.
Las decisiones adoptadas en los últimos días de una administración siempre estarán bajo el escrutinio público. Y así debe ser. La crítica no puede interpretarse como un ataque personal, sino como un ejercicio legítimo de control ciudadano sobre quienes administran el poder. En una democracia madura, los gobernantes no solo deben responder por lo que hicieron durante su mandato, sino también por la manera en que deciden cerrarlo.
