La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, emitió una alerta a la ciudadanía sobre la empresa Eje Educativo Bachillerato Virtual, luego de establecer que no cuenta con autorización ni registro ante la Secretaría de Educación de Armenia para prestar el servicio público educativo en el municipio.
La advertencia se produjo tras recibir varias comunicaciones relacionadas con la empresa y realizar la correspondiente verificación administrativa, en la que también se evidenció que la promoción de sus servicios incluye modalidades educativas que no están permitidas por la normatividad colombiana para los niveles de educación básica y media.
La administración municipal recordó que la prestación del servicio público educativo en Colombia está regulada por la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el Decreto 1075 de 2015, normas que establecen que los establecimientos educativos deben contar con licencia de funcionamiento y cumplir los requisitos exigidos por las autoridades educativas competentes.
Asimismo, precisó que la legislación vigente no contempla la educación completamente virtual como modalidad para la educación básica y media en los términos en que estaría siendo promocionada por esta empresa, por lo que hizo un llamado a las familias a verificar cuidadosamente cualquier oferta antes de matricularse o realizar pagos.
La Secretaría de Educación advirtió que acceder a programas sin el debido respaldo legal puede generar perjuicios académicos, económicos y administrativos, además de poner en riesgo la validez de los estudios y de los títulos obtenidos.
Por ello, recomendó a padres de familia, acudientes y estudiantes confirmar que las instituciones educativas cuenten con la autorización de funcionamiento y que los programas ofrecidos estén debidamente aprobados por la autoridad competente.
Finalmente, la Alcaldía de Armenia aseguró que continuará ejerciendo las labores de inspección y vigilancia para garantizar que el servicio educativo en el municipio se preste conforme a la ley y proteger el derecho de los ciudadanos a una educación de calidad.
