El presidente aseguró que su Gobierno realizará seguimiento a contratos y recursos públicos y anunció auditorías sobre actuaciones de entidades durante la administración anterior. También se refirió a los alcaldes de Sincelejo y Montería y a directivos de universidades públicas.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció nuevas medidas para fortalecer el control sobre los recursos públicos y aseguró que su Gobierno intensificará las investigaciones relacionadas con posibles hechos de corrupción en entidades estatales.
En un pronunciamiento publicado este domingo 4 de octubre, el mandatario afirmó que se realizarán controles sobre contratos, anticipos, adiciones presupuestales, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, dentro de las competencias y límites establecidos por la ley.
De La Espriella también anunció la creación del denominado Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y señaló que la Secretaría de Transparencia estará a cargo de la magistrada Cristina Lombana, a quien presentó como responsable de coordinar las acciones del Gobierno en esta materia.
Según el presidente, el propósito será identificar posibles irregularidades antes de que se produzca la pérdida de recursos públicos y remitir a las autoridades competentes aquellos casos en los que existan elementos que puedan constituir delitos, faltas disciplinarias o detrimento patrimonial.
Cuestionamientos a autoridades locales y universidades
Durante su intervención, el mandatario se refirió al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y cuestionó la posibilidad de entregar recursos nacionales sin establecer controles adicionales sobre su ejecución.
De La Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá la inversión en Sincelejo y Sucre, pero señaló que no entregará recursos públicos sin mecanismos de seguimiento.
El presidente también mencionó al rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, y anunció que solicitó al Ministerio de Educación ejercer funciones de inspección y vigilancia relacionadas con la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos de la institución.
En el caso de la Universidad de Pamplona, hizo referencia a la decisión del Consejo de Estado relacionada con la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez y anunció acciones de vigilancia por parte del Ministerio de Educación.
Auditoría al contrato por $14.984 millones
Uno de los contratos mencionados por el presidente corresponde al contrato interadministrativo 1166 de 2026, celebrado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Pamplona, por un valor de 14.984 millones de pesos.
De acuerdo con De La Espriella, el contrato está relacionado con el programa Ciberpaz e incluye actividades de sensibilización, formación, inclusión digital y una estrategia de comunicación.
El mandatario pidió a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, establecer cómo fueron utilizados los recursos y anunció que el contrato será objeto de una auditoría forense.
El presidente señaló que se deberá determinar cuánto costó cada actividad, dónde se desarrolló, quiénes participaron, quién certificó las actividades y cuáles fueron los resultados obtenidos.
También se refirió al Cuerpo de Bomberos
De La Espriella afirmó además que solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente al director de Bomberos, Germán Miranda, después de señalar que había conocido actuaciones que, según su apreciación, eran incompatibles con su Gobierno.
El presidente aclaró que las responsabilidades jurídicas deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes y diferenció esa situación de su facultad para decidir sobre la permanencia de funcionarios bajo su administración.
El mandatario insistió en que los controles anticorrupción también serán aplicados a funcionarios de su propio Gobierno y aseguró que no habrá excepciones para ministros, directores, contratistas, aliados o personas cercanas a la Presidencia.
Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos y funcionarios a denunciar posibles hechos irregulares y aseguró que su administración buscará recuperar recursos públicos cuando la legislación lo permita.
Las afirmaciones sobre posibles delitos, irregularidades o responsabilidades individuales mencionadas en el pronunciamiento deberán ser establecidas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, una condena judicial.
