Por Quindío24Horas

Han pasado casi dos meses desde el terremoto del 10 de agosto y en el Quindío empieza a aparecer una preocupación que ya no puede ser ignorada: los anuncios existen, los diagnósticos existen, los planes existen, pero todavía no existe una ruta suficientemente clara para que los damnificados sepan cuándo y cómo llegará la reconstrucción.

Desde Quindío24Horas hemos insistido en este punto desde los primeros días de la emergencia.

No se trata de desconocer las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional. Se declaró la emergencia, se creó el Fondo Milagro y se anunció un modelo de reconstrucción para los territorios afectados.

Pero una cosa es anunciar una estrategia y otra muy diferente es ponerla a funcionar.

Y eso quedó nuevamente en evidencia durante el debate realizado en la Asamblea Departamental del Quindío sobre la reconstrucción.

Allí, diputados y representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de respuestas concretas frente al proceso. La diputada Jessica Obando, ponente del debate, cuestionó la falta de celeridad en la atención a los damnificados.

Además, la ausencia de la gerente del Fondo Milagro en el departamento, Luz Clemencia Mejía, privó a la Asamblea y a los ciudadanos de conocer de primera mano respuestas sobre un proceso que genera cada vez más preguntas.

Y esas preguntas son legítimas.

¿Cuál es la hoja de ruta?

¿Quién va a ejecutar los recursos?

¿Cuándo comenzarán las obras?

¿Qué familias serán atendidas primero?

¿Cuánto dinero llegará realmente al departamento?

¿Qué municipios tendrán prioridad?

¿Qué ocurrirá con las viviendas destruidas y con aquellas que requieren reconstrucción o reparación?

¿Qué pasará con las instituciones educativas, los hospitales, el comercio y la infraestructura pública?

No son preguntas menores.

Son las preguntas de miles de personas que llevan semanas intentando reconstruir su vida mientras las instituciones todavía terminan de organizar el mecanismo mediante el cual se supone que llegará la reconstrucción.

El debate de la Asamblea también permitió evidenciar que el problema no es únicamente la vivienda. La recuperación deberá abordar el tejido social, la economía, el comercio, la salud, la educación y la infraestructura afectada por el terremoto.

Por eso resulta positivo que haya nacido una red de veedurías ciudadanas para hacer seguimiento al proceso.

La reconstrucción no puede ser una caja negra.

Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto dinero se asignará, cómo se contratará, quién ejecutará las obras, cuáles serán los criterios de priorización y qué resultados se obtendrán.

Ya existe un plan. Ahora tienen que llegar los recursos

El Quindío ya dio un paso importante.

El departamento aprobó su Plan de Acción Específico para la Recuperación, con un valor estimado de $3,293 billones.

De ese monto, aproximadamente $3,086 billones corresponderían a recursos de la Nación, mientras que el departamento y los municipios aportarían recursos adicionales. El documento fue remitido el 30 de septiembre a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ese número debería marcar el comienzo de una nueva etapa.

Porque ahora la discusión ya no puede quedarse en cuánto cuesta reconstruir.

La pregunta es cuándo comienza la reconstrucción y cuánto de esos recursos estará efectivamente disponible para hacerlo.

La Veeduría Cívica de Armenia y el Quindío incluso acudió a la justicia mediante una acción de tutela para pedir respuestas sobre la gobernanza del proceso, los responsables de la ejecución, los hogares que serán atendidos y las fuentes de financiación.

Eso debería ser una señal de alerta para el Gobierno Nacional.

Cuando los ciudadanos tienen que acudir a un juez para intentar conocer cómo se ejecutará una reconstrucción que debería estar siendo explicada de manera transparente por las instituciones, algo está fallando en la comunicación y en la articulación del Estado.

El Quindío no puede quedarse esperando a Bogotá

El Gobierno Nacional tiene una responsabilidad enorme, pero también las autoridades departamentales y municipales.

La Gobernación debe presentar con claridad sus prioridades.

Los alcaldes deben mantener actualizada la información sobre sus damnificados y necesidades.

La Asamblea debe continuar ejerciendo control político.

Los organismos de control deben vigilar el uso de los recursos.

Y la ciudadanía debe participar y hacer veeduría.

Pero hay algo que no puede ocurrir: que todos esperen a que otro resuelva el problema.

El terremoto no fue una emergencia exclusivamente municipal ni departamental. Por la magnitud de los daños y por el volumen de recursos requerido, la Nación tiene un papel determinante.

Por eso nuestro llamado sigue siendo el mismo:

Gobierno Nacional, cumplan los anuncios.

El Quindío no necesita más discursos sobre solidaridad.

Necesita recursos.

No necesita más reuniones sin resultados.

Necesita cronogramas.

No necesita solamente nuevos diagnósticos.

Necesita soluciones.

Y no necesita que le prometan que la reconstrucción comenzará algún día.

Necesita saber cuándo.

La reconstrucción debe hacerse con transparencia

Hay otra discusión que tampoco podemos aplazar.

Reconstruir no significa simplemente volver a levantar lo que se cayó.

Significa preguntarnos cómo vamos a reconstruir, dónde vamos a construir y bajo qué condiciones.

La tragedia no puede convertirse en una oportunidad para que unos pocos hagan negocios mientras las familias damnificadas siguen esperando.

Cada peso destinado a la reconstrucción debe poder rastrearse.

Cada contrato debe ser público.

Cada obra debe tener un responsable.

Cada cronograma debe poder ser vigilado.

Y cada familia beneficiaria debe saber por qué recibió una solución y otra todavía está esperando.

La creación de la red de veedurías anunciada después del debate de la Asamblea va precisamente en esa dirección.

Desde Quindío24Horas creemos que el control ciudadano no debe ser visto como un obstáculo para la reconstrucción.

Todo lo contrario.

Es una garantía para que la reconstrucción no termine convertida en otro problema.

El Gobierno Nacional ha anunciado que la plata está.

El departamento ya tiene un plan.

Los municipios tienen identificadas sus necesidades.

Los damnificados están esperando.

Ahora falta lo fundamental:

que los recursos lleguen, que las decisiones se ejecuten y que las obras comiencen.

El Quindío ya perdió demasiado el 10 de agosto.

No podemos permitir que también pierda meses valiosos esperando que la burocracia termine de ponerse de acuerdo.

La emergencia continúa para quienes perdieron su casa, su negocio, su escuela o su forma de vida.

Por eso nuestro llamado vuelve a ser el mismo:

menos anuncios y más reconstrucción.

El Quindío está listo para trabajar.

Ahora le corresponde al Gobierno Nacional demostrar que también está listo para cumplir.